En Guayaquil, la Vicedefensora del Pueblo, Dra. Zaida Rovira Jurado, presentó una acción de protección para que se declare la vulneración, por parte del Estado ecuatoriano y varias entidades del Ejecutivo, de los derechos constitucionales a la dignidad humana, integridad personal, derecho a recibir servicios públicos de óptima calidad y seguridad jurídica de las familias que aún no pueden localizar los restos mortales de sus parientes que fallecieron en el contexto de la emergencia sanitaria por la Covid-19, en la capital de la provincia de Guayas.

A través de esta acción se requiere que, a manera de reparación integral, se ejecuten -dentro de diez días de declarada la vulneración de derechos- las investigaciones necesarias para determinar la ubicación de los restos mortales, debiendo emplearse las ciencias forenses, en conjunto con las universidades y/o instituciones privadas, y un familiar de la víctima, para la búsqueda del cuerpo sin vida, brindando todas las garantías de bioseguridad y evitando la revictimización de la familia de dicha persona fallecida; y, en caso de que el cadáver conste como sepultado, se efectúe la inhumación y pruebas científicas que aseguren la identificación del cuerpo.

La Defensoría del Pueblo solicitó que, una vez realizada esta diligencia forense, se procederá con la reparación material e inmaterial de parte de la entidad responsable, donde se deberán considerar los valores o gastos incurridos por las y los familiares durante los días de investigación y búsqueda del cuerpo de la persona fallecida; y, los probables costos por servicios funerarios que se adquirieron y no fueron utilizados por la pérdida del cadáver. Para proceder con dicha reparación material económica se observará la regla jurisprudencial emitida por la Corte Constitucional.

En este contexto, la Institución Nacional de Derechos Humanos pidió, en la acción de protección, la aplicación de medidas pertinentes de rehabilitación y que se ordene la inmediata atención médico-psicológica a las y los familiares de las personas desaparecidas, incluyendo la atención a otros/as familiares del entorno indirecto que requieren esta ayuda profesional.

Como medida de satisfacción, toda vez que cese la declaratoria de emergencia sanitaria y en un término no mayor a 20 días, las entidades responsables deben efectuar un acto simbólico para pedir “disculpas públicas” a las familias que no encuentren los cadáveres de sus parientes fallecidos/as en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19 en Guayaquil.

Como garantía de no repetición, se pide que todo el personal, servidores/as y autoridades vinculados/as al cumplimiento de los protocolos para la manipulación y disposición final de cadáveres con antecedente y presunción de Covid-19, tanto en el contexto hospitalario como extrahospitalario, sean capacitados/as a través de plataformas tecnológicas. (C.D.A.)

FUENTE: Defensoría del Pueblo