Excepto el bloque de la Revolución Ciudadana (RC), ciertas fuerzas políticas que actúan en la Asamblea Nacional no anticiparán criterio alguno y menos el voto sobre el juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que entró a definición en el pleno del Legislativo.
El informe de la Comisión de Fiscalización recomienda el juicio político a la burócrata y fue notificado ayer viernes 6 de noviembre, en la tarde a la Presidencia de la Asamblea Nacional.
Según lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 83, será el presidente de la Asamblea, César Litardo (bancada gobiernista AP), quien dispondrá a la secretaría general la difusión del informe. Transcurridas 48 horas, tendrá cinco días para incorporarlo en el orden del día.
En la Comisión de Fiscalización, los correístas Bairon Valle y Esteban Melo, señalaron que la ministra presentó pruebas suficientes para canalizar las acusaciones de incumplimiento de sus funciones que son causales de la interpelación; como el uso de bombas lacrimógenas caducadas durante las manifestaciones de octubre del año pasado, así como el lanzamiento de bombas a los sitios de paz y acogida en las universidades de Quito.
Valle agregó que la burócrata “con arrogancia y prepotencia” jamás dijo que el exabrupto de lanzar bombas lacrimógenas en los centros de paz, fue investigado y sancionado por parte del Gobierno. De esta manera concluyó que la ministra incumplió con sus funciones y debe ser censurada y destituida del cargo.
Vicente Almeyda (PSC) aseguró que se valorarán las pruebas y, sobre todo, las dudas que deja la funcionaria frente a los hechos de octubre del 2019. El bloque socialcristiano decidió que el proceso pase al pleno, y allí escucharán los argumentos de descargo de la funcionaria.
Dijo que el error de la ministra de Gobierno es acusar al Parlamento en lugar defenderse con altura. La Asamblea aún no la ha censurado, señaló, se la ha llamado para que comparezca y sus pruebas determinarán la votación.
Decir que el juicio político en su contra es para escudar a los dirigentes indígenas que lideraron el paro, Leonidas Iza y Jaime Vargas, es una excusa para no comparecer. “El PSC condena los actos vandálicos ocurridos en octubre del año pasado y nunca estará del lado de Iza o Vargas, pero no se puede admitir el concepto de que si se vota en contra de la ministra es votar a favor de los dos dirigentes indígenas”, agregó.
Luis Pachala, jefe de la bancada de CREO, dijo que la próxima semana se reúnen entre los miembros del bloque para conocer los fundamentos del juicio político y definir una posición de consenso. Respetan la posición asumida por los asambleístas Absalón Campoverde y Marcelo Simbaña, sus delegados ante la Comisión de Fiscalización, con respecto a su voto para que el informe pase al pleno. “Tendrán sus razones y serán escuchados”, advirtió.
Además, insinuó Pachala que se analizarán las intenciones políticas tras este juicio, pues determinarán si es contra la ministra o contra de la fuerza pública y la democracia en riesgo en octubre de 2019. Sin tomar en cuenta heridos y muertos de las jornadas de protesta a causa de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Asegura que evaluarán las pruebas presentadas en el proceso y decidirán.
En la bancada gobiernista de Alianza PAIS informaron que la próxima semana se reunirán para conocer el informe de la Comisión de Fiscalización y dispondrán sobre el juicio.
Franco Romero en representación del BADI, bancada afectada por los escándalos de los hospitales, aseguró que por las pruebas presentadas no se configura un incumplimiento de funciones por parte de la ministra.
Fuente: El Universo
