En entrevista con Radio Pichincha Universal, Miguel García presidente de la Federación de Servidores Públicos, informó que hasta 2019 se han desvinculado de las instituciones y empresas públicas más de 30 mil personas. Por lo que si el objetivo del Gobierno es cesar a 150 mil servidores, quedarían 120 mil despidos pendientes.

Según García en el primer semestre del 2020 se podrían generar 10 mil despidos que significarían un ahorro de 600 mil dólares al año, lo cual fue reprochado por el también funcionario quien destacó que todos los servidores públicos merecen tener estabilidad laboral y económica.

Detalló que hace 13 años existían 366.147 empleados públicos con nombramiento y luego del gobierno de Rafael Correa se registraron alrededor de 610.000 empleados: “Ha crecido el sector público y los servicios. Todos deberíamos tener garantizada la estabilidad”.

En ese contexto indicó que todos los ingresos al sector público debieron ser por concurso de méritos y oposición, sin embargo el dato oficial es que 150 mil personas con relación de dependencia se encontraban en inestabilidad y precarización de trabajo: “75.000 con contratos ocasionales, 70.000 con nombramientos provisionales y 5.000 por proyectos que terminaron pero continuaron laborando”.

“Esto tenía que concluir y la única manera era convocar a concurso de méritos para que los compañeros tengan estabilidad”.

García recordó que el Gobierno Nacional ofreció abrir 33.000 partidas el año pasado, pero aquello no se cumplió: “Existen compañeros que tenían más de cuatro años con contratos de servicios ocasionales y debían ser convocados a concurso (…) pero no ha sucedido”.

De otro lado, reprochó que en los últimos nueve años no habido un incremento salarial: “Y uno se pregunta cómo es que cuando empezó el gobierno de (Rafael) Correa se pagaba alrededor de USD3700 millones en salarios y como es que sin incrementar salarios se terminó pagando USD9500 millones. ¿A dónde se fue el dinero? Se ha ido a ciertas canonjías, de sectores de la burocracia”.

Con esa base manifestó que se ha planteado derogar de la Ley de Servicio Público las bonificaciones que se plantean para los funcionarios que pertenecen al jerárquico superior y que se refieren a la eficiencia y a otro por vivienda.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano