Las medidas que el Gobierno y la Asamblea Nacional acogieron para mantener empleos en esta crisis por el coronavirus abren vías para ajustar contratos de trabajo vigentes, y reducir por dos años -en casos de fuerza mayor- la jornada laboral, y con ello el sueldo del trabajador y lo que se aporta a la Seguridad Social que sirve para calcular las futuras jubilaciones. Y eso activa a los sindicatos.

Los cambios se aprobaron en la Asamblea el viernes en la noche y si no tienen objeción del presidente Lenín Moreno entrarán en vigencia.

Para este lunes 18 de mayo el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Unión General de Trabajadores del Ecuador llamaron a realizar plantones contra la flexibilización laboral bajo el lema ‘Empleo sí, esclavos no’.

Mesías Tatamuez advirtió con una demanda de inconstitucionalidad por esa ley.

[pullquote]Pero del lado empresarial lo ven como un paso para sostener y generar empleo.[/pullquote]

«El texto aprobado en la Ley Humanitaria facilita el acuerdo entre empleadores y trabajadores para adaptarse a la nueva realidad productiva y sostener el empleo. A futuro, será muy importante continuar en esa línea de acción para profundizar la modernización de las regulaciones laborales», indicó el presidente de Fedexpor, Felipe Ribadeneira.

Además dijo que coherentes con el pedido de reducir el Estado, limitar el gasto público y crear fondos de ahorro que en futuro permitan afrontar crisis como las actuales, «el Gobierno debe utilizar las herramientas creadas con la Ley de Finanzas Públicas para ello y conseguir más recursos de los multilaterales que ayuden a reactivar la producción e inyectar liquidez al sector exportador».

Mientras que “la opción de contrato especial emergente y flexibilización de horarios de trabajo son grandes herramientas para que el sector exportador pueda generar plazas de trabajo nuevas”, indica el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, Francisco Miranda.

Además destaca las medidas de impacto social como las protecciones de inquilinato, del IESS. Espera que la reglamentación de cada disposición de la ley no se dilate.

Medidas solidarias

Mientras el país permanezca en estado de excepción y por 60 días más luego de que termine los pagos de planillas y también de deudas tienen un respiro en la Ley de Apoyo Humanitaria.

Por ese tiempo se suspenderán los cortes por falta de pago, pero en 30 días de entrar a regir la ley las empresas iniciarán el cobro de los valores pendientes, divididos en doce cuotas iguales y sin intereses, multas ni recargos.


Por un año no habrá alza de tarifas de servicios básicos, tampoco de telecomunicaciones ni internet. Y el Gobierno fijará los precios de alimentos y bebidas que son parte de la canasta básica para este 2020.

Todas las entidades del sistema financiero, emisoras de tarjetas de crédito y las que tienen como giro de negocio dar crédito, deberán hacer acuerdos con sus clientes para reprogramar el cobro de cuotas mensuales impagas. Durante el diferimiento tienen prohibido generar intereses de mora sobre el capital de los valores diferidos.

En 10 días la Junta de Política Monetaria y Financiera emitirá una resolución técnica para viabilizar la revisión de las tasas de interés. (I)