La fiscal general del Estado, Diana Salazar, dijo la tarde de este miércoles 13 de noviembre ante la comisión legislativa que investiga los hechos ocurridos durante las protestas a inicios de octubre, que tres asambleístas en funciones son investigados por instigación y que la Fiscalía recibió denuncias por intentos de asesinato en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo; el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín y el comandante general de la Policía, Nelson Villegas.

La funcionaria no reveló los nombres de los asambleístas investigados.

Aseguró también que la institución de la cual es titular recibió durante los once días de manifestaciones 595 notificaciones de delito y que en la Fiscalía se denunciaron ocho muertes violentas. Una cifra distinta a la que maneja el Gobierno y la Defensoría del Pueblo. El primero señala que fueron 9 y el segundo asegura que son 11 los fallecidos.

Desde el correísmo se le cuestionó si se siguió con el debido proceso en los casos del asambleísta Yofre Poma, de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón y del exasambleísta Virgilio Hernández.

«Dentro de estos audios (presentados ante la comisión) se encuentra abundante información que da cuenta de que las personas ahora procesadas habrían incurrido en esta conducta», dijo Salazar.

Otro funcionario que acudió esta tarde fue el contralor Pablo Celi. En su comparecencia se refirió al ataque que sufrió el edificio de la Contraloría en Quito, el 12 de octubre.

Más temprano, Celi y los asambleístas de la comisión investigadora recorrieron las intalaciones afectadas.

«Hubo una destrucción intencional y muy ordenada de la documentación de la Contraloría General del Estado», aseguró Celi.